AJEDREZ DE PALACIO: EL SALARIO MÍNIMO COMO GAMBITO ELECTORAL!
Por: FERNANDO GIRALDO NARANJO (CEO en FGN Advertising Global Boutique)
Apreciados lectores:
El pasado 13 de febrero de 2026, la Sección Segunda del Consejo de Estado de Colombia adoptó una providencia de carácter provisional mediante la cual suspendió temporalmente el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026, que había establecido un alza del 23 % para ese año.
No es solo una decisión jurídica; es la revelación de una partida calculada con precisión quirúrgica. Lo que en apariencia fue un tropiezo técnico del Gobierno puede leerse como un gambito político: avanzar una pieza sabiendo que será capturada, pero anticipando que el costo lo pagará el adversario en la arena pública. Una jugada de ajedrez ejecutada a sangre fría!
Porque aquí hay un hecho incontrovertible: el incremento fue altamente demandado por sectores de oposición, que cuestionaron su legalidad y su sustento técnico. Y hoy, en medio del vendaval preelectoral ocasionado, esos mismos sectores salen a declararse defensores del aumento que jurídicamente combatieron, y lo peor, públicamente aseguran que no demandaron ese incremento salarial, la coherencia, en campaña, parece ser una variable negociable, pésima jugada señores!
Porque aquí no estamos ante un error técnico ingenuo. Estamos ante una estrategia perfectamente diseñada que supera cualquier Inteligencia Artificial!
El decreto sin blindaje: ¿improvisación o cálculo?
El incremento decretado para 2026 superaba ampliamente las variables tradicionales de referencia —inflación, productividad, crecimiento— exigidas por la Ley 278 de 1996 y por la consolidada jurisprudencia administrativa. El tribunal fue claro: el acto carecía de una sustentación técnica integral, no explicitaba la ponderación de los factores legales y no justificaba metodológicamente el salto porcentual adoptado.
Desde el prisma estrictamente jurídico, la suspensión era previsible. Un aumento significativamente superior a los indicadores macroeconómicos, sin una matriz metodológica exhaustiva, era jurídicamente vulnerable. Cualquier abogado —hasta un estudiante— con mínima experiencia en derecho público, sabía que un aumento de tal magnitud, desanclado de una estructura argumentativa sólida, sería blanco inmediato de demandas. Y así ocurrió. Y la oposición lo sabía. Por eso demandó. Por eso litigó. Por eso celebró la admisión de las acciones.
La pregunta es si el Gobierno también lo sabía. Y todo indica que sí!
La derecha ganó en el expediente, perdió en la plaza!
Lo que resulta políticamente explosivo no es la suspensión en sí, sino el viraje discursivo posterior. Sectores que impulsaron las demandas hoy enarbolan la bandera de la “defensa del salario mínimo”, intentando reposicionarse frente a una ciudadanía que percibe la suspensión como una pérdida concreta de ingreso.
Sin embargo, en política la verdad procesal no siempre coincide con la verdad popular. Mientras en los estrados se celebraba la coherencia normativa, en la calle se instaló otra narrativa: “le quitaron el aumento al pueblo”. En otras palabras: ganaron el pleito jurídico y ahora compiten por el aplauso popular del aumento que contribuyeron a frenar.
Millones de trabajadores ya habían incorporado el nuevo ingreso en su estructura de expectativas. Créditos, compromisos comerciales, decisiones de consumo y obligaciones financieras fueron asumidas bajo la premisa de un salario mayor. La suspensión no se siente como una corrección técnica; se siente como una amputación.
Esta contradicción no es menor. En el imaginario colectivo, la secuencia es simple: el Gobierno anunció un incremento; la oposición lo demandó; el tribunal lo suspendió; el trabajador siente que perdió. La sofisticación del debate técnico desaparece frente a la narrativa emocional.
Y en política, la narrativa pesa más que la sentencia!
Y allí reside el movimiento maestro: el Gobierno aparece como el actor que intentó mejorar el ingreso de los trabajadores; la oposición, como quien lo impidió!
El cálculo electoral y la construcción del antagonista!
La jugada es calculadamente milimétrica. Al decretar un aumento ambicioso, el Ejecutivo se posicionó como defensor del ingreso popular. Al ser demandado y luego suspendido el acto, el antagonista quedó definido: quienes acudieron a los estrados para cuestionarlo.
En un contexto preelectoral, esa polarización no es accidental. Permite consolidar un discurso de “nosotros quisimos subir el salario; ellos lo tumbaron”. Y aunque la decisión provenga de un órgano independiente como el Consejo de Estado de Colombia, el señalamiento político recae inevitablemente sobre quienes promovieron la acción judicial.
En ese tablero, el nombre de Iván Cepeda Castro comienza a circular como heredero natural de esa narrativa. Si el pueblo siente que le arrebataron algo que ya consideraba suyo, la aritmética electoral puede inclinarse hacia quien prometa restituirlo. No es una consigna improvisada; es una construcción simbólica.
La derecha ganó el expediente, sí. Pero perdió el relato!
Implicaciones económicas y riesgos institucionales!
El problema es que jugar ajedrez con la economía real tiene costos. Un aumento sin respaldo técnico deteriora la credibilidad fiscal. Una suspensión judicial erosiona la previsibilidad regulatoria. La confrontación entre Ejecutivo y alta jurisdicción alimenta una narrativa de choque de poderes que, si se exacerba, deteriora la confianza inversionista y presiona variables como empleo formal y tasas de interés.
Además, instrumentalizar la política salarial como arma electoral introduce un precedente delicado: convierte el salario mínimo —instrumento técnico de política pública— en pieza de confrontación ideológica permanente.
La paradoja!
Este giro discursivo pone de manifiesto una paradoja: la derecha ganó el pleito jurídico, pero ahora debe conciliar esa victoria con la percepción pública de que privó a un amplio sector social —especialmente a trabajadores y sectores populares— de una expectativa legítima de mejora económica. La expectativa creada por el anuncio del aumento ya había sido internalizada por millones de hogares, que tomaron decisiones económicas —como contratos de crédito, consumo o inversiones— bajo la premisa de un ingreso mayor. Su suspensión repentina genera una externalidad social dolorosa e incómoda que trasciende lo judicial para convertirse en un fenómeno de confianza y expectativas económicas.
Desde mi óptica, una victoria amarga!
Aquí la oposición obtuvo la razón jurídica. Logró que el Consejo de Estado de Colombia suspendiera un decreto que consideraba irregular. Pero en la plaza pública pagarán un precio político elevado: aparecen como responsables de frustrar una expectativa de mejora económica.
El Gobierno, por su parte, sacrificó la solidez técnica del acto, pero capitalizó el relato. En ajedrez, eso se llama gambito. En política, se llama construcción de hegemonía.
La pregunta de fondo es otra: ¿puede un país permitirse que el salario mínimo —base de la subsistencia de millones— sea ficha sacrificable en una estrategia preelectoral?
Porque cuando la institucionalidad se convierte en tablero, el riesgo no es perder una pieza. Es que el juego termine erosionando la confianza misma en las reglas.
El sello de esta nota: el Consejo de Estado de Colombia y la misma oposición terminaron de entregar la presidencia a Iván Cepeda Castro, la oposición ya venía trabajando en ello desde hace varios meses, sin un plan de gobierno sólido, su único plan meticulosamente diseñado fueron los ataques constantes a Cepeda, convertidos en sus mejores publicistas.
El juego entre la víctima y el victimario, el pueblo se sesga hacia la víctima!
La vida hay que vivirla como una partida de ajedrez (Allan Rufus).
Lo digo yo!
Estratega & Marketer
Cortesía: FERNANDO GIRALDO NARANJO / FGN Advertising Global Boutique.